SALEM, Ore. (Noticias NW) – A raíz de los recientes arrestos de narcotraficantes en Oregon, diputados republicanos estatales intentaron forzar una votación para que el pleno de la cámara baja discutiera la medida HB-3551.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra estancado en comisiones sin fecha para votación.
Sin embargo, aun con el intento de voto forzado, no consiguió el apoyo necesario para que saliera de comisiones.
No obstante, la votación contó con el apoyo de todos los republicanos y sorpresivamente de ocho diputados demócratas para llevar el proyecto de ley al pleno de la cámara, incluyendo el voto de Ricki Ruiz.
“Esa medida no va a regresar, no se va dar a votación, no tuvo una audiencia pública, nosotros seguimos al tanto de cualquier medida que pueda surgir, varios de nosotros los que votamos a favor, es para tener el debate, lo quiere dejar claro, no era para apoyarla, era para hacerle entender a los republicanos de las protecciones que ya existen, ellos [los republicanos] lo hicieron por lo que paso en Salem [el arresto del narcotraficante del cártel de Sinaloa],” aclaró Ruiz.
El proyecto de ley busca permitir que las autoridades colaboren con las autoridades federales para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados condenados por delitos violentos y delitos menores de Clase A.
“Nuestras comunidades no deberían ser santuarios para asesinos, violadores y otros delincuentes violentos. Este proyecto de ley es una política de sentido común que protege a los habitantes de Oregón al exigir responsabilidades a los delincuentes más violentos. Pero el sentido común no es muy común en Oregon, ya que mi proyecto de ley ni siquiera se escuchó”, declaró el diputado Alek Skarlatos, republicano por Canyonville, en un comunicado de prensa.
Bajo la ley actual, las autoridades locales no pueden preguntar a nadie sobre su estatus migratorio ni intervenir en la aplicación de las leyes federales de inmigración sin una orden judicial válida.
La gobernadora Tina Kotek defendió la semana pasada el estatus de santuario de Oregon, tras una orden ejecutiva de la administración Trump que instruyó al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Interna a publicar una lista de estados, ciudades y condados santuario. La orden también faculta a las agencias para emprender acciones legales contra los estados y jurisdicciones que incumplan la ley federal de inmigración.
