SALEM, Ore. (Noticias NW) – La cámara baja de comercio aprobó la medida SB-599, vivienda justa para todos, que evitará la discriminación para inmigrantes indocumentados a la hora de rentar.
Con la aprobación de la medida, la propuesta se dirige a la oficina de la gobernadora Tina Kotek donde se convertirá en ley una vez que la firme.
En una entrevista con Noticias NW, Kotek dijo que apoya la iniciativa.
“Analizaré la propuesta una vez que salga de ambas cámaras y se finalicen los detalles. La propuesta final tuvo apoyo bipartidista y eso ayudará a que todos tengan acceso a lugar donde vivir y estoy lista para firmarla” agregó Kotek.
La SB-599 prohibiría a los arrendadores de preguntar sobre el estatus migratorio de un inquilino o discriminarlo. Los arrendadores no podrán rechazar a solicitantes de alquiler debido a su estatus migratorio.
“Como muchos en Oregon, mis padres vinieron aquí en busca de una vida mejor. Su búsqueda no fue fácil. Vi cómo el miedo y la discriminación podían opacar ese sueño: familias con miedo de pedir ayuda, preocupadas por ser juzgadas o rechazadas por su origen o el idioma que hablaban —dijo el diputado de Oregon Ricki Ruiz (demócrata por Gresham), copresidente del Caucus BIPOC y principal impulsora del proyecto de ley. “Ningún niño debería crecer preguntándose si su familia está por perder su hogar.
La SB-599 también permitiría que indocumentados presenten otros documentos para verificar su identidad. Los arrendadores deben aceptar una tarjeta de Seguro Social o comprobante de número de Seguro Social, un certificado de nacimiento, una tarjeta de residencia permanente (Green Card), una visa de inmigrante o no inmigrante, un número ITIN, un pasaporte, una licencia de conducir u otra identificación oficial, independientemente de su fecha de vencimiento.
Si un arrendador requiere verificación de identidad, debe aceptar cualquiera o una combinación de estos documentos para confirmar el nombre, la fecha de nacimiento y la apariencia física de la persona.
El proyecto de ley también prohibiría a los arrendadores revelar o amenazar con revelar el estatus migratorio de un inquilino con el fin de acosarlo o intimidarlo.
Los infractores podrían ser sancionados con hasta $100,000.
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California, Nueva York, Illinois y el estado de Washington tienen leyes similares, incluyendo la ciudad de Portland.
De convertirse en ley, entraría en vigor inmediatamente y la mayoría de sus disposiciones serían aplicables en un plazo de 30 días.
